Abogado Ricardo Giraldo respondió preguntas sobre el futuro de los diálogos entre el Gobierno y el EGC

Ricardo Andrés Giraldo, abogado del Ejército Gaitanista de Colombia, habló con varios medios de comunicación tras las recientes revelaciones sobre los diálogos con el Gobierno. El jurista aseguró que los compromisos adquiridos siguen vigentes y afirmó que debe mantenerse el cronograma acordado durante las conversaciones sociojurídicas realizadas en Doha, Catar. Esto dijo:

1. Las revelaciones recientes afectan lo que está proyectado junto al Gobierno en torno a la concentración de combatientes en la ZUT. ¿Esta se mantiene?

“Hasta ahora se mantiene, y se mantiene porque no depende de lo que haya pasado en 2022, sino de compromisos formales, escritos y verificados. La creación de las tres ZUT y el cronograma salen de los acuerdos firmados en Doha en diciembre de 2025, con un Mecanismo Tripartito en el que la MAPP/OEA actúa como secretaría técnica, junto al Gobierno y al EGC, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias. Sobre los audios debo ser honesto: fui contratado por el Estado Mayor Conjunto a partir de febrero de 2023, de modo que no puedo pronunciarme sobre una reunión de septiembre de 2022 de la que no fui parte y cuya autenticidad desconozco. Lo que sí puedo decir, como lectura, es que se trataría de contactos exploratorios de hace casi cuatro años, en otra etapa y con otros interlocutores, que no tocan el marco legal de hoy. La verdadera variable de la concentración no son las grabaciones: son los acuerdos vigentes y los protocolos que dan paso al tránsito a la vida civil, con los efectos jurídicos de la Ley 2272 de 2022, del DIH, del protocolo II de la convención de ginebra, de la sentencia C-525 de 2023, etc. que dan respaldo”.

2. El proceso ha quedo en el ojo del huracán, al interior del EGC, ¿cuál será el paso a seguir?

“Permítame una aclaración de fondo: no pertenezco al EGC, soy el abogado contratado para el proceso, así que no me corresponde decir qué piensan ellos. Lo que sí puedo afirmar es lo que debe hacerse, y es sostener el cronograma y no morder el anzuelo de la coyuntura. El paso a seguir es proteger el proceso de su instrumentalización electoral y mediática —más en pleno furor de un cambio de gobierno—, apoyarse en los países mediadores, Qatar, España, Noruega y Suiza, y en el acompañamiento de la MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias y los demás que se quieran sumar, y consolidar el ingreso a las ZUT como un punto de no retorno. Y lo que sí he visto de cerca es el mensaje del Estado Mayor Conjunto: disciplina, unidad, cero provocaciones en el terreno y transparencia en cada avance, precisamente para no darles oxígeno a quienes quieren tumbar la mesa”.

3. ¿Fue un error negociar en secreto y no hacerlo público como ha sucedido en el último año, incluso con socializaciones?

“Hay que separar dos cosas. La confidencialidad de unos contactos exploratorios en 2022 —que insisto, no presencié— es una práctica estándar en cualquier acercamiento con un actor armado: sin discreción inicial no se construye confianza ni se protege a quienes se sientan a la mesa. Pero usted lo dice bien: este último año el proceso ha sido público, con socializaciones en los territorios. La Declaración de Doha de septiembre de 2025 y los compromisos de diciembre se divulgaron y se replicaron en medios, se instalaron Grupos de Trabajo Municipales en los quince municipios priorizados, con participación del Gobierno y del EGC, y el informe del Mecanismo Tripartito se publicó por una exigencia expresa entre las partes de mostrarle a la comunidad lo que se estaba haciendo. Por eso seré franco: el secretismo siempre cobra factura en legitimidad, y esa es la lección. Y propongo algo concreto: que el gobierno entrante designe un observador que participe en las reuniones y en la construcción de los protocolos de la ZUT, para que verifique con sus propios ojos la transparencia con que se ha actuado. Una cosa es el dato y otra leerlo fuera de contexto, a seis semanas de un cambio de gobierno”.

4. ¿Se activó o se activará alguna mesa extraordinaria con el Gobierno para superar la situación?

“La arquitectura existe y ya se usó: tras la tensión que siguió a la reunión Petro–Trump, las partes celebraron una sesión de trabajo extraordinaria el 9 de febrero de 2026, con los países mediadores, la MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal y los observadores de la Fuerza Pública y la Procuraduría. Así que sí, hay mecanismos para atender una coyuntura. Pero permítame separar lo sensacionalista de lo real. Si hubiera existido un pacto secreto de "congelados", no se explicaría lo que muestran las cifras: a finales de 2024 ocurrió el primer bombardeo contra la organización, en 2025 hubo cinco más, y hubo operaciones que abatieron a comandantes como Julián, Nino, etc. Es más: al comandante Julián, que era uno de los voceros reconocidos del grupo, lo dieron de baja el 5 de abril de 2025 en una operación con fuerzas especiales. Y le pongo el ejemplo que vuelve del todo incoherente la tesis del pacto: a su propio máximo comandante, 'Javier', el presidente y el ministro de Defensa lo expusieron como objetivo de alto valor a neutralizar tras el compromiso adquirido con Estados Unidos, con un plazo público de cerca de tres meses. ¿De qué pactos reales estamos hablando, entonces, si lo que el Estado anunció fue la neutralización del comandante del EGC? Difícil sostener que hubo inmunidad pactada cuando el Estado bombardeó, al menos, seis veces, mató a varios voceros reconocidos por el propio presidente y puso a su máximo comandante como blanco prioritario. Eso es estadístico, verificable y real. Ahora bien, de una reunión que no presencié, no me corresponde hablar”.

5. ¿Queda la impresión de que el EGC aprovechó la postura débil de los negociadores del Gobierno para exigir condiciones que hoy evidencian que solo le benefició a la organización?

“Esa es la lectura que impulsan los críticos, y reconozco que un análisis impulsivo y descontextualizado de esos audios puede alimentarla. Pero confunde los mecanismos propios de cualquier desmovilización con concesiones unilaterales. La suspensión de órdenes de captura, por ejemplo, durante la concentración no es un privilegio: opera por la Ley 2272 de 2022 y se aplicó antes —el propio presidente lo comparó con la desmovilización del M-19 hace 34 años. Y la contraprestación es verificable: el primer informe tripartito no reportó menores en las filas ni incidentes por minas atribuibles al grupo en el periodo evaluado, sumado al compromiso de no interferir en elecciones y respetar el DIH. Sobre la extradición, el gesto fue justamente despejar dudas: se aclaró que ninguno de los 400 designados para las ZUT tiene requerimiento de extradición y el estado mayor conjunto del EGC, públicamente manifestó que su voluntad de paz era más fuerte que los ambiguos mensajes del gobierno Petro y decidieron avanzar así no se les suspendiera las órdenes a los máximos comandantes. El debate sobre la asimetría es legítimo y lo respeto; mi respuesta es que, si esto funciona, el beneficiario real no es el EGC, son los territorios y las comunidades que llevan décadas en medio de la violencia y esto debería tenerlo en cuenta el nuevo gobierno”.

6. ¿Cuál era o es el papel de Ferney Rincón (Boyaco Sinaloa) al interior del EGC en el proceso?

“Le respondo con claridad: no sé quién es ese señor, nunca lo había escuchado, y lo que sí puedo afirmar es que no es ni ha sido vocero, ni comandante, ni integrante del EGC, y mucho menos de la delegación negociadora. Por lo que vi en las noticias, es un exnarcotraficante confeso que aparece en un video de agosto de 2025 con el entonces director de la DNI; eso corresponde a un canal de intermediación irregular y a una controversia paralela de inteligencia, no a la mesa formal, esas explicaciones que les den los doctores Lemus y Danilo Rueda. Y aquí hay un punto que conviene fijar, sin reconocer contenido ni autenticidad de esos materiales: no era el EGC el que andaba buscando interlocutores con el Gobierno, porque esos interlocutores ya estaban designados y autorizados. El propio presidente reconoció como voceros, en un documento firmado por él, a seis miembros del grupo. La representación formal recae en el Estado Mayor Conjunto, y el acuerdo de Doha lo firmaron Luis Armando Pérez Castañeda por el EGC y Álvaro Jiménez Millán por el Gobierno. Mezclar a personajes externos con la mesa mediada e internacional es, justamente, lo que les conviene a quienes quieren deslegitimarla; lo demás es narrativa de novela”.

7. Con el nuevo Gobierno se teme que se pierda los avances del proceso. ¿Cuál será la propuesta a la administración De la Espriella?

“La propuesta es presentar esto como lo que es: una política de Estado, no una herencia del gobierno Petro. Esta representación siempre ha sostenido que el proceso no es con un gobierno, sino que debe continuar con quien llegue, y hemos reconocido con honestidad que empezó tarde —la fase formal solo se instaló a finales de 2025, más de tres años después de iniciado el gobierno—, de modo que con esta administración no alcanzaba a firmarse un acuerdo final. Al presidente electo, que es abogado penalista y conoce el debido proceso y las garantías, le propondríamos cuatro cosas. Primero, resultados verificables: reducción de violencia, ausencia de menores y de minas, no injerencia electoral, sustitución de cultivos de uso ilícito; un capital que ningún gobierno de seguridad querría dilapidar. Segundo, reencuadrar el lenguaje hacia el acogimiento a la justicia, que conversa mejor con una agenda de mano firme con la justicia transicional. Tercero, un protocolo de transición con los mediadores, la MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias, para que el cambio de administración no rompa la mesa. Y cuarto, un argumento incómodo pero real: no se desmonta por la pura vía militar a la estructura armada más grande del país, con presencia en más de veinte departamentos, y concentrar a sus combatientes es lo que más le sirve a un Estado que quiere recuperar control territorial. Dicho esto, seré respetuoso: no estaría bien forzar a un gobierno a aceptar lo que hizo otro, pero tampoco sería leal desconocer todo lo valioso que se logró. El proceso debe quedar anclado en instrumentos jurídicos ya expedidos y en verificación internacional”.