Así se cayó el general (r) Palomino: La Corte confirmó condena por tráfico de influencias

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del general en retiro Rodolfo Palomino, luego de ratificar una condena en su contra por el delito de tráfico de influencias como servidor público. La decisión se produjo tras concluir que el exdirector de la Policía Nacional intervino de manera indebida en actuaciones de la Fiscalía para favorecer a un tercero.

De acuerdo con la investigación adelantada por el alto tribunal, Palomino habría utilizado su posición institucional y su influencia dentro de la estructura estatal para intervenir en procesos administrativos y operativos relacionados con la situación judicial del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quien enfrentaba una orden de captura.

Según la Corte, el oficial retirado sostuvo una reunión con la fiscal del caso para solicitarle que suspendiera la captura del empresario, hecho que fue documentado por la funcionaria y que posteriormente se convirtió en una de las principales pruebas dentro del proceso.

La determinación judicial señala que estas actuaciones configuraron una conducta penal que atentó contra la integridad de la administración pública, pues Palomino habría ejercido presión indebida con el fin de influir en decisiones que no le correspondían y que debían tomarse de manera autónoma dentro de la Fiscalía General de la Nación.

Tras la emisión de la sentencia, las autoridades hicieron efectiva la orden de captura para garantizar el cumplimiento de la pena impuesta. El general (r) Palomino se presentó ante funcionarios del CTI y quedó a disposición de la justicia mientras se definen los procedimientos de ejecución de la condena.

El caso continuará en las etapas previstas por la ley penal para establecer los términos de cumplimiento de la sentencia y la institución en la que deberá permanecer privado de la libertad. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre los pasos siguientes dentro del proceso.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más sensibles vinculados a un alto oficial de la Policía en los últimos años.