De La Espriella cerró diálogos y espacios sociojurídicos con grupos armados
El mandatario anunció el cierre de los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del Gobierno anterior. Durante la firma de una resolución que revoca la designación de representantes del Gobierno en la mesa con el ELN, aseguró que en los últimos cuatro años se destinaron más de $7.000 millones en honorarios para voceros y negociadores.
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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el cierre de los procesos de diálogo y de los espacios sociojurídicos que, según explicó, fueron heredados del Gobierno anterior.
La decisión fue confirmada durante la firma de la resolución mediante la cual el Gobierno revoca la designación de los representantes que participaban en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Durante su declaración, el mandatario aseguró que su administración decidió poner fin a estos mecanismos y anunció un cambio en la política que se venía implementando frente a los grupos armados y estructuras criminales.
Revocan designaciones de representantes del Gobierno
Entre los nombres mencionados por el presidente Abelardo De La Espriella se encuentran Parmenio Cuéllar, Álvaro Jiménez, Feliciano Valencia y Gloria Quiceno, cuyas designaciones como representantes del Gobierno fueron revocadas en el marco de la decisión anunciada.
El mandatario señaló que durante los últimos cuatro años se destinaron, según sus declaraciones, más de $7.000 millones en honorarios para voceros, representantes y negociadores vinculados a estos procesos.
De La Espriella cuestionó los resultados de la política de diálogo impulsada durante la administración anterior y aseguró que, mientras se mantenían estos espacios, las estructuras armadas continuaron fortaleciéndose y realizando ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.
“No tendrán estatus político”
El presidente fue enfático al afirmar que durante su Gobierno las estructuras criminales y los grupos armados no tendrán estatus político, ni recibirán contemplaciones o impunidad.
Según el mandatario, la política de su administración estará orientada a enfrentar de manera directa a las organizaciones que continúen realizando acciones violentas y delictivas en el país.
La declaración representa un giro frente a la estrategia de diálogo y negociación promovida durante el Gobierno anterior, en el que se abrieron o mantuvieron diferentes canales de conversación con grupos armados y estructuras criminales.
De La Espriella aseguró que su Gobierno continuará adoptando decisiones para modificar la política de seguridad nacional y enfrentar a las organizaciones armadas.
Cuestiona los recursos destinados a los procesos
Uno de los principales puntos de la declaración presidencial estuvo relacionado con los recursos destinados a los representantes y negociadores de los diferentes procesos.
El mandatario habló de más de $7.000 millones invertidos durante los últimos cuatro años en honorarios para voceros, representantes y negociadores, mientras cuestionó que, según su balance, los grupos armados continuaran fortaleciendo sus estructuras.
Para De La Espriella, el cierre de estos procesos también busca poner fin a lo que calificó como un “despilfarro” y “desgreño administrativo”.
El presidente aseguró que revisará y modificará diferentes decisiones relacionadas con la política de seguridad y el tratamiento que el Estado brinda a las estructuras armadas y criminales.
Cambio en la política de seguridad
La decisión anunciada por el Gobierno Nacional marca un nuevo capítulo en la política de seguridad y en la relación del Estado con los grupos armados ilegales.
El cierre de los procesos de diálogo y los espacios sociojurídicos abre ahora interrogantes sobre el futuro de las conversaciones que estaban en marcha, así como sobre las nuevas estrategias que adoptará el Gobierno para enfrentar a las organizaciones ilegales en diferentes regiones del país.
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