Falso veterinario y dos mujeres a responder ante la justicia por m4ltrat0 animal

En la imagen un canino de color negro de raza rottweiler que es atendido en una veterinaria

Las autoridades judiciales de Medellín imputaron cargos por m4ltrat0 animal a tres personas señaladas de participar en dos hechos diferentes que dejaron graves afectaciones a varios caninos.

La investigación fue adelantada por fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el M4ltrat0 Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, que reunió los elementos probatorios para vincular a los presuntos responsables.

🐾 Caso “Aquiles”

En el primer caso, ocurrido en el barrio Popular, un perro de raza rottweiler llamado Aquiles murió tras una cirugía practicada de manera irregular por un hombre que se hacía pasar como veterinario y una profesional del área.

Según la investigación, Luis Fernando Galvis Blanco —quien no tenía título ni idoneidad profesional— y la veterinaria Daniela Montes Tapia realizaron una intervención quirúrgica el 30 de agosto de 2024 para extraerle una pepa de mango que el animal había ingerido.

El procedimiento se realizó en un inmueble sin cumplir con los protocolos médicos ni las normas de asepsia requeridas, lo que provocó una infección severa que finalmente le causó la muerte a Aquiles.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a ambos el delito de maltrato animal, aunque los señalados no aceptaron los cargos.

🐶 Nueve caninos rescatados en el barrio Sinaí

En un segundo caso, ocurrido el 15 de septiembre de 2023, las autoridades hallaron nueve perros (cuatro adultos y cinco cachorros) que vivían en condiciones insalubres y con signos de desnutrición en una vivienda del barrio Sinaí, también en Medellín.

Los animales fueron rescatados y trasladados a un centro especializado para recibir atención médica y rehabilitación.

La propietaria del inmueble, identificada como María Esneda Alzate Aguirre, fue imputada por el delito de maltrato animal.

Las autoridades recordaron que el maltrato animal es un delito que puede acarrear penas de prisión de hasta 36 meses, según la Ley 1774 de 2016, y reiteraron su compromiso de continuar investigando y sancionando este tipo de conductas que atentan contra la vida y el bienestar de los animales.