Ganaderos confesaron ante la JEP haber financiado masacres de El Aro y La Granja

También recordaron vínculos con el paramilitarismo por parte de militares, comerciantes y políticos

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, ganaderos de Ituango, confesaron haber financiado y participado en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), así como en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo (1998). Estas declaraciones reviven viejas denuncias sobre la participación de sectores económicos y políticos en la consolidación del paramilitarismo en Antioquia.

Según los relatos entregados a la JEP, estos crímenes fueron frutos la alianza entre paramilitares, comerciantes de la zona y miembros del Ejército, con el objetivo de desplazar a la guerrilla de las FARC y consolidar el control territorial sobre corredores estratégicos para el narcotráfico y el tráfico de armas.

Las masacres incluyeron asesinatos, desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones y delitos sexuales, acciones que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2020 como crímenes de lesa humanidad.

Los testimonios de los hermanos Angulo Osorio se suman a las denuncias hechas en el pasado por líderes sociales y congresistas.

En el año 2012, el senador Iván Cepeda presentó en el Congreso de la República un debate de control político en el que señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez de haber tenido conocimiento e incluso participación en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cepeda sostuvo entonces que en Ituango se gestó un entramado de alianzas entre hacendados, paramilitares y sectores estatales que desembocó en crímenes como los de El Aro y La Granja.

La JEP, en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá, Bajo Cauca y el norte de Antioquia, ha recogido múltiples testimonios que confirman la participación de ganaderos y comerciantes en el financiamiento de las estructuras paramilitares que operaron en la región durante los años noventa y dos mil.

El asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín en 1998, también fue objeto de estas confesiones. Valle había denunciado reiteradamente la complicidad entre miembros de la Fuerza Pública y paramilitares en Ituango, particularmente en las masacres de El Aro y La Granja.

Las recientes declaraciones ante la JEP refuerzan la hipótesis de que estas masacres no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática de consolidación paramilitar en el norte y occidente de Antioquia, con la participación activa de sectores económicos, políticos y militares.