Más controles para impedir la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció nuevas medidas de control e inspección dirigidas a los comercios físicos y electrónicos que venden vapeadores y cigarrillos electrónicos en Colombia, con el objetivo de proteger la salud de niños, niñas y adolescentes.

La decisión se da en un contexto alarmante para la salud pública del país, debido al aumento del consumo de estos dispositivos entre menores de edad y los riesgos comprobados que representan.

De acuerdo con la entidad, tras visitas realizadas a 27 establecimientos durante los meses de agosto y septiembre, iniciaron investigaciones contra diez empresas por presuntas violaciones a la Ley 2354 de 2024, conocida como la Ley Antivapeo, la cual busca frenar el acceso de menores a productos derivados del tabaco y dispositivos electrónicos de consumo de nicotina.

Problema de salud pública en crecimiento

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud han advertido que el uso de vapeadores no es inofensivo. Por el contrario, estos dispositivos contienen sustancias químicas que pueden generar adicción temprana a la nicotina, afectar el desarrollo cerebral en adolescentes y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

En Colombia, el inicio del consumo a edades cada vez más tempranas se ha convertido en un desafío para el sistema de salud, pues incrementa la probabilidad de que estos jóvenes se conviertan en consumidores habituales de tabaco en la adultez.

Además, expertos señalan que los empaques llamativos, los sabores dulces y la publicidad indirecta han sido estrategias que normalizan el consumo entre los menores, debilitando los avances logrados en la reducción del tabaquismo tradicional.

Principales irregularidades detectadas

Según la SIC, entre las infracciones identificadas se encuentran: Comercialización de productos con empaques atractivos para menores de edad. Exhibición de vapeadores acompañados de mensajes que podrían incentivar su compra, pese a la prohibición total de promoción. Información esencial en idiomas distintos al español.

Falta de precios visibles

Incumplimiento de los deberes de identificación de los proveedores en comercio electrónico. Irregularidades en la entrega de vueltas correctas.

Las empresas investigadas son: Grupo Divervape S.A.S., My Vape S.A.S., Camilo Andrés Gutiérrez Cardona, Daniel Orlando Muñoz Nieto, Gustavo Medellín Lesmes, Juan Pablo Pedraza Peña, Daniel Alejandro Londoño Henao, Gragon Vape S.A.S., Joseph Steven Russi Pinillos y Jessy Dan Rivera Cardona, quienes podrán ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso administrativo.

Controles reforzados en el comercio electrónico

Mediante la Resolución 106801 de 2025, la SIC también ordenó a once empresas que venden estos productos por internet implementar medidas más estrictas para impedir el acceso de menores. Entre las disposiciones se destacan:

Sistemas de doble verificación de mayoría de edad. Leyendas visibles de “Solo para mayores de 18 años”. Alertas que informen que la entrega se hará únicamente a adultos con verificación de documento. Filtros tecnológicos que bloqueen el acceso cuando el usuario declare ser menor de edad. Protocolos internos de control y verificación del cumplimiento de estas medidas.

Las empresas cobijadas por esta orden son: Dislicores S.A.S., Torres Trillizas S.A.S. (TOTRI), Grupo DIY S.A.S., Bloommart Colombia S.A.S., Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S., Vapor Soul S.A.S., C911 Group S.A.S., Almacenes Éxito S.A., Vapor Life Store S.A.S., Mister Hookah S.A.S. y Rappi S.A.S.

Corresponsabilidad

Desde la SIC se reiteró que estas acciones buscan salvaguardar el derecho fundamental a la salud de los menores y reducir el impacto negativo que el consumo de vapeadores genera en el país. La entidad insistió en que la protección de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida entre el Estado, los comerciantes y las familias.

En un país donde las enfermedades asociadas al consumo de tabaco continúan generando altos costos humanos y económicos, el fortalecimiento de estos controles representa un paso para prevenir una nueva generación de adictos a la nicotina.