Petro volvió a cuestionar decisión judicial sobre traslado de ahorros pensionales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó fuertes cuestionamientos contra la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el Decreto 0415 de 2026, norma relacionada con el traslado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.

El pronunciamiento fue realizado durante una visita oficial al municipio de Timbío, donde el mandatario participó en actividades relacionadas con proyectos de infraestructura y salud pública. Allí aseguró que el Gobierno Nacional defenderá el traslado de los ahorros de trabajadores que decidieron cambiarse al régimen público y que, según indicó, ya tienen consolidado ese derecho.

De acuerdo con el jefe de Estado, la Superintendencia Financiera sostendrá reuniones con representantes de los fondos privados de pensiones para exigir el traslado de los recursos correspondientes a más de 130 mil trabajadores que migraron a Colpensiones. Según cifras mencionadas por el Gobierno, el monto involucrado superaría los 25 billones de pesos.

La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente el decreto mientras estudia de fondo su legalidad. Frente a ello, Petro aseguró que la Constitución obliga al Presidente a proteger el ahorro de los colombianos y afirmó que el dinero administrado por los fondos privados pertenece exclusivamente a los trabajadores.

En medio de su intervención, el mandatario cuestionó duramente la posición de algunos sectores financieros y judiciales, señalando que impedir el traslado de esos recursos vulneraría los derechos pensionales de miles de ciudadanos. También anunció que ordenó presentar denuncias relacionadas con este proceso.

“El ahorro no es del banquero, es del ahorrador”, afirmó el presidente al hacer referencia a principios internacionales de regulación financiera contenidos en los Acuerdos de Basilea, suscritos por Colombia.

Petro sostuvo además que el Gobierno busca garantizar el cumplimiento del modelo de Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991, especialmente en lo relacionado con la protección del derecho a la pensión.

Las declaraciones del mandatario generaron nuevas reacciones en medio del debate nacional sobre la reforma pensional, el papel de los fondos privados y el alcance de las decisiones judiciales frente a las políticas impulsadas por el Ejecutivo.