Reclamantes denunciaron negligencia de los Juzgados de Restitución de Tierras en Urabá

Líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes del Urabá antioqueño alzaron su voz de protesta ante lo que califican como una “grave negligencia judicial” por parte de los Juzgados de Restitución de Tierras de la región.

Las comunidades realizaron un plantón al frente de las instalaciones de los juzgados en mención, y a través de un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, denunciaron la falta de resultados en los procesos de restitución y reclamaron ante lo que llamaron inoperancia de las instituciones encargadas de garantizar ese derecho. Según el texto, “millones de pesos del erario público son destinados al funcionamiento de los Juzgados de Restitución de Tierras, pero los resultados son nulos”.

Los reclamantes aseguran que los jueces “no fallan, ignoran los casos y condenan a las víctimas a una espera eterna”, recordando que la restitución de tierras es un derecho constitucional y no un favor del Estado.

Entre las principales exigencias, las comunidades piden cambio total del personal judicial en los juzgados de restitución de tierras de Urabá, argumentando que los actuales funcionarios “no deciden, no reparan y terminan favoreciendo a los despojadores”. Además, solicitan que estos despachos se dediquen exclusivamente a resolver casos de restitución, sin asumir tutelas ni otros procesos que retrasen su labor.

“Necesitamos servidores públicos comprometidos con la justicia, no burócratas que obstaculicen los procesos y contribuyan a la impunidad con sus demoras injustificadas”, señala el comunicado firmado por organizaciones campesinas, indígenas y afros de Urabá.

El documento también hace un llamado al Consejo Superior de la Judicatura, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a organismos internacionales como la CIDH, para que intervengan y garanticen que en Urabá los juzgados cumplan efectivamente su función.

Las comunidades enfatizan que la lentitud judicial constituye una forma de “violencia institucional”, pues prolonga el despojo y la revictimización de miles de familias.

“El silencio y la lentitud de los jueces se convierten indirectamente en complicidad con el despojo de tierras. Exigimos una justicia con sentido de urgencia y presencia real en el territorio”, enfatizaron en el comunicado.