Reivindicar el oficio no nos da una patente de superioridad: Por Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Reivindicar el oficio no nos da una patente de superioridad

Por Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Abogado penalista | Conjuez del Tribunal Superior de Medellín

Doctorando en Derecho

ricardogiraldo.com

La elección de Abelardo de la Espriella, abogado penalista formado en el litigio, y su llegada a la Presidencia de la República produjeron en muchos colegas una satisfacción comprensible —me incluyo—.

Durante años, quienes ejercemos la defensa penal hemos soportado una sospecha tan injusta como persistente: la de ser confundidos con nuestros clientes, sus conductas o los delitos que se les atribuyen. Que un litigante alcanzara la primera magistratura del Estado fue recibido, por algunos, como una reivindicación de una profesión muchas veces juzgada desde el prejuicio.

Puedo entender ese sentimiento y lo comparto. Lo que no debemos aceptar es que la satisfacción se convierta en soberbia gremial.

En algunas conversaciones entre colegas parece haberse instalado la idea de que la victoria política de un penalista nos otorgó, por extensión, una especie de superioridad intelectual o moral. Como si el triunfo de uno acreditara la infalibilidad de todos.

Como si compartir una profesión bastara para tener la razón. Como si disentir del presidente, de sus decisiones o de su estilo revelara ignorancia, deslealtad o animadversión contra el derecho penal o incluso, contra el mismo presidente, nada más alejado de la realidad.

Este escrito en nada ataca al presidente que no puede esperar más de mí que admiración, respeto y el deseo inagotable de que le vaya bien en este encargo que le otorgamos millones de colombianos.

Una elección democrática confiere un mandato político. No entrega el monopolio de la verdad ni expide títulos colectivos de superioridad. Mucho menos convierte a una comunidad profesional, diversa por definición, en propietaria del Estado o intérprete exclusiva de sus problemas.

Los penalistas deberíamos saberlo mejor que nadie. Nuestro oficio se construye sobre la desconfianza frente a las verdades prematuras. En los estrados insistimos en que una acusación no equivale a una condena, que la hipótesis de una parte debe someterse a contradicción y que ninguna decisión legítima puede fundarse en la humillación del contradictor. Defendemos la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de armas y el deber de motivar.

Exigimos que se escuche antes de juzgar.

Resulta incoherente invocar esos principios en audiencia y olvidarlos cuando entramos en la discusión pública. No podemos pedir respeto para el contradictor en el proceso penal y despreciar al contradictor en política. Tampoco podemos reclamar decisiones sustentadas en razones mientras descalificamos a quien piensa distinto mediante etiquetas, burlas o afirmaciones de autoridad.

La contradicción no es un obstáculo para la verdad. Es una de sus condiciones. Cada penalista lo comprueba cuando una pregunta bien formulada descubre la debilidad de un testimonio, cuando un argumento de la contraparte obliga a corregir una tesis o cuando el juez rechaza la pretensión que creíamos incontestable. El litigio serio enseña que la convicción propia puede ser firme sin volverse arrogante, y que escuchar al otro no exige renunciar a lo que uno piensa.

Hay, además, una paradoja que debería incomodarnos. Durante décadas hemos pedido que no se confunda al defensor con el defendido. Hemos explicado que representar a una persona acusada no significa aprobar su conducta ni compartir su pensamiento. Esa es una regla ética y democrática elemental. Sin embargo, algunos reproducen ahora una simplificación semejante: identifican la crítica al gobernante con un ataque al gremio, o convierten la afinidad profesional con el presidente en prueba de corrección política.

La elección de un penalista no hace que todos los penalistas debamos pensar igual. Quien respalda al presidente puede hacerlo con razones legítimas. Quien lo cuestiona también. Ninguno adquiere por ello el derecho de degradar al otro, expulsarlo simbólicamente de la profesión o tratarlo como enemigo. Una comunidad jurídica madura no exige unanimidad. Exige argumentos, respeto y disposición para revisar las propias conclusiones.

La independencia que reclamamos para ejercer la defensa también debe existir frente al poder, incluso cuando quien lo ejerce proviene de nuestro oficio. En realidad, allí se pone a prueba. Defender las garantías cuando gobierna alguien distante de nuestras convicciones es necesario; defenderlas cuando gobierna alguien con quien sentimos cercanía profesional es indispensable. Los límites constitucionales no cambian con nuestras simpatías.

Un presidente penalista puede comprender de primera mano la fuerza del aparato punitivo y los daños que causa cuando se utiliza sin controles. Precisamente por eso, la contribución más responsable del gremio no consiste en rodearlo de aplausos automáticos, sino en mantener viva la exigencia de legalidad, proporcionalidad, contradicción y respeto por la dignidad humana. Esa vigilancia no es hostilidad. Es coherencia con aquello que defendemos todos los días.

Conviene preguntarnos, entonces, qué celebramos. Si celebramos que un abogado litigante haya llegado a la Presidencia, hagámoslo sin convertir un logro individual en patente colectiva de superioridad. Si vemos en ese hecho una reivindicación del ejercicio penal, honremos esa reivindicación con prudencia. Y si creemos que el país debe escuchar más a los penalistas, empecemos por demostrar que nosotros también sabemos escuchar.

La autocrítica no debilita al gremio. Lo preserva. Nos recuerda que nuestro valor no depende de la cercanía con el poder, sino de la capacidad de limitarlo cuando sea necesario. También nos recuerda que el derecho de defensa pierde su sentido si solo lo invocamos para quienes piensan como nosotros.

No tocamos el cielo porque un penalista llegó a la Presidencia. Uno de los nuestros alcanzó el cargo más alto del Estado; los demás seguimos donde siempre hemos debido estar: en los estrados, en la academia y en la conversación pública, obligados a argumentar, a dudar, a escuchar y a defender las garantías sin preguntar primero quién gobierna.

Si esa elección nos hace más responsables, habrá sido motivo de legítimo orgullo. Si nos vuelve déspotas, custodios de una verdad única o jueces sumarios de nuestros colegas, habremos olvidado las razones por las cuales la defensa penal resulta imprescindible en una democracia.