Tensa situación de orden público por invasión de la Hacienda Virgen del Cobre

El municipio de Necoclí atraviesa una tensa situación de orden público tras la ocupación masiva de la Hacienda Virgen del Cobre, un predio urbano que había sido entregado por Fredy Rendón Herrera, ante Justicia y Paz para la reparación de las víctimas.

La tradicional Hacienda que fuera propiedad del ex narcotraficante José Ocampo, (QEPD),  conocido como Pelusa  hace parte desde el 2023, de  los procesos de reforma agraria adelantados por el Gobierno Nacional.

Lo ocurrido ha generado confusión, tensiones sociales y reacciones de distintos actores, incluidos grupos armados ilegales, autoridades locales y organizaciones campesinas.

El 15 de enero de 2026, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, dio a conocer —a través de su cuenta personal en redes sociales y no por los canales oficiales de la entidad— el procedimiento de ocupación del predio. Harman llegó al lugar acompañado de unidades de la Policía y de un grupo de personas que se identificaron como integrantes de fundaciones u organizaciones campesinas de Urabá.

El procedimiento se realizó sin la participación del Comité Municipal de Reforma Agraria de Necoclí, sin notificación previa a las autoridades civiles locales y sin convocatoria a los medios de comunicación regionales. En el lugar, los funcionarios rompieron los candados e ingresaron a la hacienda, informando que se trataba de una propiedad administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que sería entregada a organizaciones campesinas.

Según lo conocido, incluso se firmaron documentos con personas que se presentaron como miembros de dichas organizaciones. Harman afirmó públicamente que la finca estaba ocupada por alguien sin contrato de arrendamiento y que en su interior fueron halladas más de 900 reses y alrededor de 150 caballos.

“En la Hacienda La Virgen del Cobre se reunían alias ‘Pelusa’, ‘El Alemán’, ‘Don Mario’, ‘Otoniel’ y Rito Alejo del Río para planear masacres, la expansión armada y el control político y territorial del Urabá antioqueño. Este lugar fue centro de poder del paramilitarismo y del narcotráfico. Hace una semana estábamos en Tumaco arrancando coca. Hoy, en Necoclí, Antioquia, junto a la Fuerza Pública, estamos recuperando más de 1.100 hectáreas de La Virgen del Cobre, predio del FRV en extinción de dominio, entregado por alias ‘El Alemán’ y ocupado ilegalmente durante años por un empresario que no le pagó un solo peso al Estado, dice Harman en el video personal,  asegurando además que el presidente Gustavo Petro asistiría a la entrega oficial del predio.

Malestar en la comunidad

El desconocimiento de las organizaciones campesinas de Necoclí generó un inmediato rechazo en la comunidad. A través de redes sociales, habitantes del municipio protestaron al considerar que la finca sería ocupada por personas ajenas al territorio.

La tensión aumentó en la madrugada del sábado 17 de enero, cuando la Hacienda Virgen del Cobre amaneció invadida por miles de personas, al parecer residentes del mismo municipio. La magnitud de la ocupación desbordó cualquier previsión y encendió las alarmas por los posibles efectos sobre la seguridad y la convivencia.

La Chiva de Urabá conoció que detrás de la invasión podría estar un exalcalde con presuntos fines políticos. También se estableció que Alicia Ramos y Claudia Moreno, representantes de asociaciones de víctimas de Necoclí, figuran como beneficiarias de la Agencia Nacional de Tierras y cuentan con autorización legal para permanecer en la hacienda. Esto indicaría que la ANT sí tuvo en cuenta a organizaciones campesinas locales en el proceso.

Pronunciamiento del EGC agrava el escenario

La situación se tornó aún más delicada tras el pronunciamiento del denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), difundido el 17 de enero de 2026. En el comunicado, firmado por el Bloque Central Urabá “Juan de Dios Úsuga David”, el grupo armado se refiere a la ocupación de predios en el marco de los procesos de entrega de tierras.

El EGC afirma que no se opone a que la tierra sea entregada a campesinos, pero cuestiona la forma en que, según ellos, se viene desarrollando el procedimiento en Necoclí. Señalan que el proceso ha sido “desorganizado” y que no se estaría respetando el registro previo de las personas interesadas en acceder a los predios.

El documento advierte que la ANT y otras personalidades estarían promoviendo invasiones, lo que —según el grupo ilegal— podría afectar gravemente el orden público. Aunque dicen respetar la labor institucional, manifiestan su rechazo a la ocupación de cualquier predio, independientemente de su naturaleza jurídica, y sostienen que la redistribución de la tierra debe hacerse mediante procesos administrativos y judiciales, no por la fuerza.

El EGC también asegura que las invasiones deterioran el tejido social, generan enfrentamientos entre vecinos, pequeños propietarios y ocupantes, y ocasionan la desvalorización de los predios cercanos. En ese contexto, llaman a la “institucionalidad” a actuar con prudencia y legalidad, y a respetar el Comité Municipal de Reforma Agraria de Necoclí, instaurado en agosto de 2024.

La difusión de este tipo de mensajes por parte de grupos armados ilegales enciende las alertas de las autoridades por los riesgos que representan para la seguridad y la convivencia. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Tierras frente al contenido del comunicado.

Posición de la Alcaldía de Necoclí

La Alcaldía de Necoclí, a través del Comité Municipal de Reforma Agraria, sentó su posición en un documento dirigido al director de la ANT, fechado el 16 de enero de 2026. En él, el Comité expresa su respaldo a la política de reforma agraria del Gobierno Nacional y celebra que se esté materializando la entrega de tierras a campesinos.

Sin embargo, advierte que el proceso en la Hacienda Virgen del Cobre no ha contado con la participación efectiva del espacio municipal creado para articular estas decisiones.

“El Comité Municipal de Reforma Agraria es un espacio participativo para coordinar la política de tierras, conectar al Gobierno con las comunidades rurales y facilitar la entrega a campesinos”, señala el documento, en el que se expresa inconformidad por no haber sido tenidos en cuenta durante la definición de beneficiarios.

Uno de los puntos centrales es la preocupación por la inclusión de asociaciones provenientes de otros municipios, como Chigorodó, cuando Necoclí cuenta con numerosas asociaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas y de víctimas legalmente constituidas que llevan años esperando adjudicación de tierras.

El pronunciamiento recuerda que Necoclí es un municipio PDET y que tiene una población víctima certificada de 33.483 personas, equivalente al 48 % de sus habitantes. De ese total, el 68 % vive en zonas rurales con vocación agrícola, por lo que se insiste en que la prioridad debe ser la población campesina local.

El Comité solicita a la ANT orientar a líderes y asociaciones para que no se desplacen a otros territorios a reclamar tierras, evitando conflictos sociales. También expresa su desacuerdo con la entrega del predio a organizaciones externas, cuando en la región existen tierras de la SAE y de la ANT que podrían beneficiar a comunidades de origen.

Como conclusión, la Alcaldía y el Comité hacen un llamado a la comunidad a actuar con mesura y a no tomar vías de hecho, recordando que la Hacienda Virgen del Cobre no es el único predio previsto para entrega en Necoclí y que en próximos procesos podrán beneficiarse más familias del territorio.

Finalmente, solicitan de manera urgente una reunión técnica con representantes de la Agencia Nacional de Tierras que tengan poder de decisión, con el fin de definir los pasos a seguir y garantizar que la reforma agraria se realice con orden, participación y enfoque territorial.

La invasión de la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí deja al descubierto las tensiones históricas alrededor del acceso a la tierra, la fragilidad institucional en los territorios y los riesgos que se generan cuando los procesos no se comunican con claridad ni se articulan con las autoridades locales. Mientras tanto, la comunidad permanece a la expectativa de una salida que evite un mayor deterioro del orden público en esta zona de Urabá.