Vendieron facturas por 843.000 millones de pesos, pero no tenían mercancías

Fiscalía desmanteló red de empresas de papel

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de integrar una red criminal dedicada a la creación de empresas de papel, con las cuales habrían simulado operaciones comerciales inexistentes por más de $843.000 millones, ocasionando un grave perjuicio a las finanzas del Estado colombiano.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, los procesados habrían constituido 185 sociedades de fachada para que empresas del sector real se apropiaran ilegalmente del impuesto a las ventas (IVA) y redujeran la base gravable del impuesto de renta. El detrimento al Estado podría superar los $155.000 millones.

Empresas sin mercancía ni capacidad operativa

Las autoridades establecieron que ninguna de las empresas vinculadas tenía proveedores nacionales ni realizaba importaciones, por lo que no contaban con mercancía real para vender. A pesar de ello, facturaban millonarias sumas y cobraban entre el 1% y el 5% del valor total de las facturas emitidas de manera irregular.

Los procesados figuraban como socios o representantes legales de estas compañías y, según la Fiscalía, se habrían concertado para crear empresas con diversos objetos sociales, sin contar con capacidad económica, logística, operativa ni personal que respaldara las operaciones reportadas.

Operaciones simuladas durante una década

La investigación determinó que entre los años 2012 y 2022, esta red simuló operaciones comerciales inexistentes a gran escala.

Con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y mediante la aplicación del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se identificaron transacciones ficticias que superarían los $843.164 millones.

Entre los procesados se encuentran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes presuntamente cumplían roles como coordinadores financieros, intermediarios y representantes legales de las empresas de papel.

Capturas y medidas judiciales

Las capturas se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare. La Fiscalía les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.

De manera adicional, se estableció que uno de los investigados, Jairo Bernal, habría administrado, custodiado y transformado recursos por más de $21.744 millones entre 2014 y 2025, dándoles apariencia de legalidad a través del sistema financiero.

Por decisión de un juzgado penal con función de control de garantías, cinco de los procesados fueron cobijados con detención domiciliaria y uno con medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, se ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas al entramado criminal.