Reiteradamente hemos llamado la atención ante el crecimiento de la delincuencia juvenil, especialmente en el Eje bananero, conflicto traducido en riñas, asesinatos y agresión indiscriminada en contra de las viviendas de los barrios en donde se mueven las pandillas.
Es obligación de los alcaldes aplicar la política de la zanahoria y el garrote, resocialización o judicialización. Para eso es necesario la declaratoria de la emergencia en seguridad, para que puedan hacer traslados presupuestales para construir los centros de reclusión de los menores infractores y un nuevo pabellón en la Cárcel Villa Inés.